Si un tal James fuera un ciudadano inglés, tendría derecho a sentirse observado. Fotografiado hasta cientos de veces cada día por cámaras de vigilancia, objeto de rigurosas medidas de seguridad, los datos esenciales de James -y muchos personales- circularían por las agencias estatales, sin que él lo supiera ni pudiera evitarlo. Pero el gobierno quiere ahora saber aún más de James, y para protegerlo está incluso dispuesto a escuchar de boca de su siquiatra sus secretos y traumas más íntimos.
Un alto funcionario del gobierno inglés confidenció al diario "The Times" que el Ministerio del Interior planea que médicos y otros profesionales contribuyan a prevenir delitos revelando si James o cualquiera de sus compatriotas cumple con el perfil de un delincuente en potencia.
¿James se irrita con los modales de su vecina? ¿No tiene amigos? ¿Es autodestructivo? ¿Cree que la sociedad ha sido injusta con él? ¿Ve demasiadas películas violentas? Todos estos datos podrían circular por las agencias de seguridad mientras James, sin molestar a nadie, pasea su perro por Trafalgar Square.
"Los organismos públicos tendrán acceso a valiosa información sobre personas que podrían cometer graves actos de violencia o que puedan convertirse en víctimas", señala un texto oficial al cual "The Times" tuvo acceso. "Los profesionales alertarán a la policía o a cualquier otra autoridad relevante si tienen buenos motivos", agrega.
El gobierno evalúa crear dos agencias que analizarían los datos recabados de James; una para ver si es un potencial criminal, otra por si es posible víctima.
Esta misma semana ocurrieron dos hechos que apuntan en la dirección de mayor vigilancia.
El ministro del Interior, John Reid, confirmó que el gobierno podría suspender la ratificación de la Convención Europea de Derechos Humanos, para reforzar así sus leyes terroristas.
Y el martes las fuerzas de seguridad desplegaron en el distrito de Merseyside (al norte) un pequeño helicóptero manejado por control remoto para vigilar con cámaras desde el aire. El proyecto podría extenderse a todo el territorio.
Esta iniciativa se suma a otra gubernamental que colocaría -como ya se hace en la ciudad de Middlesborough, noreste- un altavoz en cámaras de seguridad para "retar" a quienes muestren un comportamiento inadecuado. Sumado a esto, se analiza crear un documento digital de identidad y extender las bases de datos genéticas.
Estos proyectos florecen en circunstancias que James ya es muy vigilado como consecuencia de las medidas antiterroristas e iniciativas privadas. Por ejemplo, se estima que en Inglaterra existen 4,2 millones de cámaras de circuito cerrado, una cada 14 personas. Es decir, menos del 1% de la población mundial (los que viven en Gran Bretaña) es observada por cerca del 20% de las cámaras existentes en el planeta.
La vigilancia estatal y privada aviva el debate en la sociedad civil. Para algunos, el Estado ha avanzado en proporcionar seguridad, en un país amenazado por el terrorismo. Pero para otros, el Estado gasta demasiado en medidas que restringen su libertad y los trata como el "Gran Hermano", el ubicuo y omnipotente personaje de George Orwell.
"Creemos que el gobierno ha sobrerreaccionado con las medidas contraterroristas y que se asusta a la gente para aumentar la seguridad. Esto es peligroso para los DD.HH., los cuales ya corren riesgos", dice desde Londres Mairiclare Rodgers, de la ONG "Liberty", defensora de los derechos civiles y humanos.
Rodgers agrega que "todos están en peligro" con las medidas de seguridad, pero más "los grupos vulnerables como las minorías étnicas y religiosas".
"Ocurre que estas medidas son introducidas por una razón, pero luego son usadas por otras", añade. Para Rodgers, es curioso que España, que también ha sufrido atentados terroristas, no ha reaccionado con la misma fuerza que Inglaterra para vigilar y controlar.
Sin embargo, para Douglas Murray, de la organización inglesa Civitas -Instituto para el Estudio de la Sociedad Civil-, el gobierno inglés no ha sobrerreaccionado en las medidas. "Está, como todo gobierno occidental, tratando de equilibrar entre el lobby pro libertades civiles y la necesidad de perseguir a los terroristas", dice a este diario. "Es verdad que el Reino Unido ha introducido algunas leyes que aún son debatidas en otros lugares, pero cada país europeo tiene sus propios sentimientos en esto", concluye.
Frente político unido.
Pese a la frontalidad con la que los políticos ingleses suelen exponer sus diferencias, el incremento de medidas de seguridad es un punto de convergencia entre laboristas y conservadores.
"Ninguno de los principales partidos quiere ser visto jugando políticas partidistas en el tema de la seguridad nacional. Pero ha sido muy raro en los años recientes el amplísimo consenso entre los partidos", dice Douglas Murray, de la organización inglesa Civitas. De hecho, el representante recuerda que fueron los conservadores quienes consideraron un exceso el intento laborista por permitir las detenciones de sospechosos de terrorismo hasta por 90 días y sin presentar cargos a la justicia.
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